Con solo un 25 % de apoyo, (encuesta IPSOS), el presidente Pedro Castillo se muestra en su nivel más bajo de aprobación por parte de la población peruana, habiendo descendido 8 puntos en el último mes de enero, el cual empezó con un 33%.
Para la opinión mayoritaria, es la corrupción el principal problema que viene generando el gobierno del actual presidente, quien en 6 meses de gestión acaba de presentar a su cuarto gabinete debido a la desaprobación de sus miembros, que incluso fueron vetados por su propio partido.
Se estima en US$ 14,000 millones lo que se ha dejado de invertir a causa de la inseguridad que representa la política del gobierno, que se caracteriza por no establecer normas claras y auspiciosas para tal propósito.
La impunidad en el caso lavajato, que produjo pérdidas al país por un mínimo de US$20,000 millones, por su estancamiento en las acusaciones a los responsables también se suma al descrédito de la gestión de Pedro Castillo, más aún, cuando su propio presidente de partido, Vladimir Cerrón, quien cuenta con sentencia de 4 años, continúa libre y ejerciendo, en la sombra, influencia en las decisiones de gobierno.
El proyecto político comunista del presidente Castillo, se refleja en el desgobierno que, por falta de capacidad expresada por él mismo, viene generando anarquía en los poblados mineros y agrícolas del país, donde grupos violentistas auspiciados por el propio gobierno incendian y destruyen maquinarias y caminos, generando desconfianza en los inversionistas que terminan cerrando estos centros productivos generando más desempleo y pobreza en los lugares más vulnerables del país.
Con gabinetes que duran solo 4 días como el dirigido por el congresista Héctor Valer, al interior de los ministerios, se despide a técnicos con experiencia para nombrar a personas de su entorno político que no cumplen con el mínimo perfil profesional y, más aún, muchos de ellos cuentan con prontuarios a los que el gobierno hace caso omiso convirtiéndose en cómplice de éstos.
La precariedad en la administración gubernativa de Castillo hace que aspectos importantes como la seguridad sigan postergados y agudizándose sobre todo en las capitales de departamentos donde los robos, asaltos y asesinatos irrumpen diariamente la tranquilidad de los peruanos, que se ven obligados, los que tienen recursos, a enrejar y poner custodios particulares en torno a sus viviendas y de los inversionistas que retiran sus capitales.
La policía sigue postergada en relación con la atención de sus requerimientos para brindar protección a la población y, donde el gobierno como solución ofrece sacar a las fuerzas armadas, que no han sido preparadas para tal propósito. Paralelamente la sedición avanza en la zona cocalera del VRAEM, valle entre los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
Parlamentarios oficialistas denuncian en la puerta del Congreso, que las comisiones que ellos reclaman no les han sido dadas y que, si se vaca al presidente, (que sería constitucional, aunque la izquierda no lo quiera entender así), ellos se irían, es decir, piden nuevas elecciones también para el legislativo.
Por su parte el congresista Carlos Anderson, de la oposición, para respaldar la vacancia, citó al diario británico especializado en economía, Financial Times que dice: "el Perú no se merece 4 años y medio más de caos gubernamental", refiriéndose al presidente castillo.
El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho también ha pedido la renuncia del presidente Castillo, a quien culpa de la grave crisis que está atravesando el Perú.
La seguridad de frontera también se ve afectada, y esta vez, por el propio presidente Castillo, a quien le develaron un video, cuando era dirigente magisterial, donde se muestra a fin de la política boliviana del ex presidente Morales y clama a viva voz la salida al mar de este país involucrando innecesariamente al Perú.
A la mayor parte de la ciudadanía le preocupa además de la incapacidad del presidente para administrar el país, la captura del poder en manos del partido de gobierno Perú Libre, copando el aparato estatal con personas incompetentes y en muchos casos con prontuarios.
Casi al cierre de la presente nota, en el día de San Valentín y en conferencia de prensa, el premier Aníbal Torres pidió fecha al congreso para la presentación del nuevo gabinete con carácter de cuestión de confianza dentro del plazo de 30 días.
A la pregunta por parte de una periodista en razón a la denuncia de un medio televisivo, de que el partido de gobierno había formado una agencia de empleos donde cobraba por puestos de trabajo, el premier prefirió no contestar.
Finalmente, y mientras el gobierno alude un golpe de estado y la oposición denuncia un total desgobierno, los ciudadanos reclaman seguridad, trabajo, salud y educación, en una crisis económica que va creciendo.
