El INEI (Instituto Nacional de Estadística), nos indica a los peruanos que marzo ha cerrado con una inflación de 0,73%, dicha variación sería la más alta en lo que va del año.
Si bien es cierto que el porcentaje no es significativamente alto para el manejo económico del país, lo de cuidado, es que puede interpretarse como una consecuencia del problema minero de las Bambas (yacimiento minero de la región de Apurímac, limítrofe con la Ciudad Imperial del Cusco-PERÚ) considerado el segundo más importante del continente en lo que ha explotación cuprífera se refiere y que representa el 1.07% del PBI (Producto Bruto interno).
El problema, en apretada síntesis, es la vía por la que discurren diariamente 360 camiones, cargados con 50 toneladas cada uno, y donde en un principio, según acuerdo con la comunidad, sería un minero-ducto, el cual ha sido unilateralmente cambiado a vía de superficie (carretera), que ocasiona problemas de salud a la población, por la enorme cantidad de polvo que levantan los vehículos transportadores, ya que la misma no está asfaltada. Paralelamente las viviendas otorgadas por la minera a los pobladores de una comunidad de 37 existentes han comenzado a resquebrajar a algunos predios.
Agudiza el enfrentamiento de las comunidades lugareñas con la empresa Minería para el Progreso (MMG) y el gobierno, el hecho que El Estado declaró en el 2015 (gobierno de Ollanta Humala), a la carretera que cruza los predios de los pobladores de "Las Bambas", de vía de servidumbre, a vía nacional, dando como resultado que a inicios del mes de marzo de este año, los pobladores bloqueen la carretera no dejando pasar camión alguno y que acabara con la detención del presidente de la comunidad Gregorio Rojas, actualmente puesto en libertad por presión de la comunidad y la de los hermanos Chávez Sotelo, abogados de Las Bambas, quienes permanecen presos hasta hoy, ya que se ven seriamente comprometidos en unas "escuchas" donde claramente se da a conocer un plan extorsivo contra el gobierno.
Los comuneros dicen sentirse defraudados por las promesas incumplidas desde Glencore Xstrata los anteriores dueños, hasta los actuales de MMG, especialmente en el ofrecimiento de puestos de trabajo e infraestructura para educación y salud.
Mientras los comuneros piden US$1,500 millones, el Estado piensa en US$ 300 millones por justiprecio de la carretera. Vale recordar que solo el asfaltado, se calcula en US$ 1.600 millones.
La actividad minera detenida, viene perdiendo un aproximado de US$6 millones diario y si consideramos que el 3% son regalías, obliga a que el conflicto se solucione lo antes posible. 
Ante la opinión pública (70%), el Estado, no está manejando adecuadamente el conflicto, esto considerando, que el mismo presidente Martín Vizcarra en el año 2008 encabezó una algarada que terminó con la toma de carreteras en el sur del país y que ahora como autoridad suprema estaría confundiendo roles que no lo llevan a tomar inteligentes decisiones.
La popularidad del presidente ha vuelto a descender, y esta vez parece que dejará las confrontaciones con el Congreso, ya que su administración ha decidido iniciar conversaciones con las diferentes bancadas, iniciando la presente semana con la de mayor representación como es el partido "Fuerza Popular" y "Acción Popular" y así sucesivamente con todos las demás representaciones políticas, que me imagino, también tocarán el tema de las constantes y costosas asesorías que viene gastando el gobierno y que ya sobrepasan los US$ 2.000 millones.
Por otro lado, debe recordar el presidente Martín Vizcarra, que la reconstrucción del norte no marcha a ritmo deseado por la población lugareña, que sufre por la ausencia de servicios básicos por más de un año, mientras la seguridad del país sigue viéndose afectada. Más vale pues, el diálogo que las confrontaciones con el legislativo, y tener más presencia del gobierno en las provincias del país, y que no se pierda el principio de autoridad (que se haga valer a las instituciones del Estado) ni tampoco se rompa el Estado de Derecho de la ciudadanía.
Es necesario abordar la coyuntura con inteligencia por parte del gobierno, tolerancia del lado del congreso, el compromiso del sector empresarial a seguir invirtiendo para apoyar el diario esfuerzo de la clase trabajadora del país y, así no alentar la inflación que afecta el desarrollo que justamente espera el pueblo peruano.
