Con un balance nada positivo para el país, que se traduce en debilidad para gobernar y falta de idoneidad en las principales carteras del Estado, la ciudadanía peruana ve con desaliento la performance de los 100 días de Dina Boluarte.
La economía peruana cayó (dato: INEI), 1,12% en el primer mes del presente año y, si buscamos una explicación, podemos sopesar que, habiendo salido de la pandemia y el desgobierno corrupto de Castillo, que costó más de US$ 25,000 millones; la presidenta de sucesión constitucional Dina Boluarte, no supo imponer el Estado de Derecho que el Perú necesitaba frente a las paralizaciones violentistas que acompañaron a las manifestaciones en su contra, que se dieron principalmente en el sur del país.
También jugó en contra del país, la polarización social que los grupos políticos del Congreso no supieron manejar, llegando a desestimar el adelanto de elecciones generales, que habían sido previstas para este año y, que hoy, tiene dos posiciones al respecto, una que los comicios para elegir el ejecutivo y legislativo sean el próximo año, y la otra, que ambos poderes del Estado terminen su mandato, que sería el 2026.
Y, como si fuera poco lo acontecido, el país tuvo que enfrentar esta semana el ciclón "YACU", el cual ha dejado cuantiosas pérdidas en infraestructura que afecta a las clases más vulnerables del país.
En mensaje a la nación, la presidenta Boluarte ha expresado encaminar el crecimiento económico del país, y llegar con ayuda a los sectores más necesitados, que se ven afectados por la falta de empleo y las pérdidas ocasionadas por el reciente desastre climático.
La población espera, que la mandataria, deje este déficit sináptico, caracterizado por la falta de reflejos transmitida a su consejo de ministros, por poner un solo ejemplo, la ministra de Salud Sra. Rosa Gutiérrez viajó a Estados Unidos en plena emergencia, luego pidió disculpas públicas, ya que la misma Federación Médica criticó su preferencia a viajar a su reunión a la Organización Panamericana de la Salud, que atender a la población víctima del desastre natural, que por el empozamiento de las aguas en esos lugares, se exponen a la proliferación del dengue.
También se criticó al ministro de Defensa Sr. Jorge Chávez Cresta que no supo enfrentar la violencia de Puno (al extremo sur del país), y que signó la muerte de 6 jóvenes militares del ejército peruano, impedidos de defenderse y que terminaron ahogados en el río.
La justicia lenta y costosa, es la responsable que muchas autoridades que han delinquido, como congresistas, exministros, alcaldes y muchísimos funcionarios, a pesar de que sus delitos ya han sido mostrados públicamente, no son procesados y se encuentran libres transitando por el territorio nacional, algunos de ellos ya se encuentran en la calidad de prófugos en el extranjero.
No es posible que existiendo desde el año 1988, todos los estudios de las obras que se deben hacer para enfrentar los fenómenos climáticos como las lluvias, no se hayan ejecutado existiendo el presupuesto para tal fin desde 1990 y, los dineros que muchos alcaldes gastaron para en la ficticia ejecución, fueron malversados o simplemente robados, ya que las obras solamente existían en el papel. Esa impunidad aleja a la población a creer en los políticos y a desconfiar de sus autoridades, a quienes critica los beneficios de los que gozan sin hacer algo.
La inversión privada sigue a la espera de que el gobierno de visos de mayor seguridad para la actividad financiera, puesto que los atentados en las mineras del centro del país, hasta ahora no encuentra culpables, creando desconfianza en el sector empresarial, principal generador de los puestos de trabajo.
De presidente a presidiario, el golpista Pedro Castillo, también cumple 100 días, en la prisión gozando de prerrogativas que le permite la coordinación con sus adláteres que se encuentran en plena libertad para llevar a cometer a grupos extremistas, el desorden y la violencia que ya ha cobrado la vida de muchos peruanos entre civiles y militares.
Hasta ahora sus dos últimos presidentes del Consejo de ministros siguen subvirtiendo el orden en diferentes foros del país sin restricción alguna, excepto la reciente orden de inamovilidad del país a la congresista Betsy Chávez, todavía no desaforada.
Es hora pues, que la presidenta Dina Boluarte, a la cual se le atribuye un pacto con el congreso para quedarse hasta el 2026, se empodere y comience a gobernar en serio, dentro del marco de un Estado de Derecho y, que brinde la seguridad de que todos los peruanos serán atendidos en concordancia a sus deberes y derechos contemplados en la Constitución Política del Perú, por la cual ella juró.
