El cierre del Congreso de la República dictado por el Presidente del país, Martín Vizcarra, el lunes 31 de setiembre, ya ha comenzado a ser resentido por los agentes económicos. Así tenemos que según FITCH (Agencia Clasificadora de Riesgos), la asignación de capital más conservadora y apalancamiento relativamente estable, serán necesarios para las empresas locales, a fin de hacerle frente a la crisis política surgida.
También el costo para asegurar la deuda peruana continúa en alza, habiendo alcanzado los 60 puntos de los 59 que se hallaba hasta hace 4 días.
Es evidente pues, la desaceleración de la economía peruana, ante la actual coyuntura política, donde el propio BCR (Banco Central de Reserva) respecto al crecimiento ha variado su proyección de 3,4% a 2,7% para el presente año.
Estos indicadores macroeconómicos comenzarán a ser percibidos por la población en el manejo básico y elemental de su propio gasto, que estará signado por el decrecimiento de su poder adquisitivo. Será entonces, donde el publicitado "golpe a la corrupción", por parte del gobierno de Vizcarra, al entender de los más conspicuos juristas, terminó recalando en un "golpe de Estado" .
Es cierto que el fujimorismo con su mayoría parlamentaria, en lugar de lograr leyes en favor del país, canalizó ese potencial en enfrentar al gobierno desde su inicio con Kuczynski, quien como todos sabemos terminó renunciando por sus obvias implicaciones en el Caso Odebrecht, y conjuntamente con el APRA, (partido aliado en el Congreso), enfrentaron excesivamente a su sucesor de PPK, Martín Vizcarra, sin embargo, la medida populista de cerrar el congreso, que se "gano la repulsa" de la población, fue exagerada y muy cuestionada por la ausencia de argumentos legales, que la hace recaer en lo inconstitucional.
Parte de la opinión pública ya está comparando al Sr. Vizcarra con Alberto Fujimori y su inolvidable "disolver" (palabra repetida 2 veces en tono enérgico que utilizó para cerrar el Congreso en 1992), incluso la aprobación que tuvo de la población sobrepasaba el 90% y, ya todos sabemos las consecuencias, que terminaron con él y los que lo acompañaron en la cárcel hasta el día de hoy.
La corrupción que Odebrecht y las consorciadas (empresas de construcción que contrataron con el Estado), tocó tangencialmente a los gobiernos de Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Kuczynski, e incluso algunos especulan hasta el actual presidente Martín Vizacarra, a cuyo ex primer Ministro, también se le implica en una coima de US$300.000, lo mismo con la ex alcaldesa de Lima (partido de izquierda) Susana Villarán.
Todas estas delaciones de los ejecutivos de Odebrecht (empresa constructora brasileña) implican a muchos políticos, por lo que se sospecha también, que el objetivo de la crisis creada por el actual presidente del Perú, tendría como objetivo, evitar las investigaciones del caso conocido como "lavajato", que nos han hecho perder decenas de miles de millones de dólares americanos, en desmedro de una mejor educación, salud, justicia y seguridad para todos los peruanos.
Hay que comprender que los congresos (en el mundo) no cuentan nunca con una aprobación mayoritaria y que son antipáticos por naturaleza, ya que representan a diferentes corrientes políticas, pero éste fue el Congreso que elegimos los peruanos por 5 años, al igual que a la plancha presidencial de PPK, de la que forman parte el actual presidente Martín Vizcarra y la vicepresidenta y también congresista Mercedes Araoz, que deberían haberse mantenido en diálogo, ejecutivo con legislativo hasta el 2021, porque esa fue la voluntad popular, que optó equilibradamente, darle la conducción del gobierno a un partido, PPK (Peruanos por el Cambio) y la mayoría parlamentaria a otra agrupación política, (Fujimorismo), lo cual es sano en toda democracia, porque se fiscaliza, se legisla y ejecutan las políticas de gobierno dentro de una estructura de contrapesos políticos con las demás entidades como el Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría entre otras entidades que siempre deben ser autónomas en su ejercicio y, que ahora aseguran algunos analistas, han sido captados por el actual gobierno, determinando así una dictadura.
Lo acontecido en nuestro país, es el producto de un Ejecutivo incompetente y un Congreso arbitrario, que en vez de trabajar unidos, ya que tenían la misma política económica, que pudieron hacer crecer significativamente al país y distribuir mejor esa riqueza, optaron por la confrontación, donde los peruanos y el pueblo sobre todo es el que más ha perdido.
Ahora estamos en manos del TC (Tribunal Constitucional), por sugerencia de la OEA (Organización de Estados Americanos), quien dictaminará si el cierre del Congreso fue dentro de los parámetros constitucionales y tendrá nuevamente que elegirse en enero del 2020 o, si fue, como opina la mayoría, de constitucionalistas, un Golpe de Estado", que ordenaría la inmediata restitución del Congreso y las sanciones correspondientes al actual mandatario y todos aquellos que le hacen la comparsa, empezando con el actual nuevo gabinete nombrado por él y compuesto por algunos congresistas disidentes y directores de ministerios, porque los técnicos y políticos conocidos y competentes no le han aceptado ocupar ningún cargo.
Hacemos votos por que la cordura y la justicia se impongan para conjurar la presente crisis en la que nos han complicado a todos los peruanos.
