El objetivo de una empresa privada al contratar a un gerente de finanzas, es maximizar sus utilidades, si ello no se cumple, es obvio inferir el despido del profesional a cargo. Si el concepto lo extrapolamos al gobierno de un Estado, el objetivo sería la optimización del servicio público para la mejora en la calidad de vida del ciudadano.
La presente observación, respecto al tema económico, se hace necesaria a raíz de las declaraciones de María Antonieta Alva, Ministra de Economía nombrada por el Presidente Martín Vizcarra en su reciente gabinete, donde según ella, no puede dar cuenta de 1.872 millones de soles (US$ 557 millones de más), que corresponde al pago de planillas conformada por 1.4 millón de trabajadores.
En el plano de la justicia, la opinión pública comienza a cuestionar los acuerdos con Odebrecht y demás consorciadas, en razón a las demandas que han llevado a cabo en contra del Estado Peruano. Ello se entiende tomando en cuenta que el daño causado al país por estas empresas oscila entre los 13 y 24 mil millones de US dólares y sin embargo ellos siguen en libertad y con sus posesiones intactas.
Para una mejor focalización del tema, el presente presupuesto va desde junio del 2019 a junio del 2020, donde el Estado cuenta con 1millón cuatrocientos mil trabajadores repartidos en tres mil entidades sectoriales destinando para el pago de ellos el 40% del Presupuesto, siendo este rubro, S/178.000 millones (US$ 52.000 millones).
El problema surge al existir muchos regímenes laborales, donde cada uno tiene su software, sin embargo no lo existen para algunas muy especiales asesorías y consultorías, que son mencionadas pero sin sustentación legal alguna. Los S/1.872 millones correspondientes al presente año se suman a los S/ 2.003 millones del año 2019, cifras que van en desmedro de la atención en salud, educación y seguridad entre otros servicios que la ciudadanía demanda.
Investigaciones periodísticas han revelado en sus informes, que ésta es una práctica ilegal que el gobierno vendría haciendo para favorecer algunas ONGs (Organismos No Gubernamentales) y medios de comunicación a cambio de una inmerecida propaganda a su gestión. Una de las prácticas más utilizadas, serían las "media coaching" (entrevistas preparadas por los mismos contratantes y líderes de opinión).
Urge que la Dirección General de Presupuesto ordene un sistema informático que recoja todas estas condiciones laborales, a fin de transparentar el comportamiento del gobierno en la búsqueda de la optimización de los servicios que los peruanos demandamos.
El presidente del Banco Central de Reserva Julio Velarde, reconocido economista a cargo de la entidad desde el 2006 (nombrado por el presidente Alan García, supervisa S/ 222.000 millones (US $ 66.000 Mills), pese a las súbitas caídas y alzas de las materias primas, ha sabido manejar equilibradamente la política macroeconómica del país, obteniendo la inflación más baja de América Latina. Él opina que Perú en el 2019 no reflejó con precisión los sólidos estimados publicados en áreas claves por lo que urge revisar los parámetros (desactualizados a la fecha) con los que se mide el PBI (Producto Bruto Interno). Ello se entiende cuando comparamos cifras de crecimiento económico del 2018, que fue 3.9%, frente a las del 2019 con 2,3%, con una inflación de 1,9% menor a la del 2018 que fue 2,48%.
Así mismo, la recaudación por renta aumentó 10,8%, el crecimiento del empleo formal fue mayor en 3,8% y la recaudación por IGV aumentó 6,8% si comparamos el año que acabamos de cerrar con el 2018.
Paralelamente, es tarea de la Contraloría General de la República extremar las medidas verificación de las diferentes planillas a fin de evitar la corrupción, que generalmente surge desde el interior del gobierno.
También no es menos importante, terminar la reforma judicial a fin de poder controlar eficientemente las decisiones de los jueces y las acusaciones del Ministerio Público, que conjuntamente con los Procuradores del Estado, muchos de ellos, ya están siendo cuestionados por haber politizado la justicia y dejar cuantiosa pérdidas para el país con sus controvertidos convenios de cooperación y colaboraciones eficaces.
No es justo que aquellos que nos robaron estén en libertad, muchos de ellos en sus propios países, habiendo vendido sus activos, sin poder cobrar por ende reparaciones, y encima nos denuncian ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) por incumplimiento de contrato, cuando ellos mismos aceptan que estos fueron concebidos fuera de la ley.
Que autoridades y políticos peruanos, muchas de ellas estén en la cárcel es justo y correcto por ser corruptos, pero es injusto que los corruptores no hayan sido tocados por nuestro sistema judicial.
Necesitamos pues, de estas prontas rectificaciones y poder ofrecer un país más confiable para la inversión dentro de un marco de auténtica justicia.
